La etapa mas negra de España

El momento ha llegado, no se podía esperar menos del gobierno socialista de Zapatero. En la campaña electoral de las últimas elecciones generales nuestro presidente afirmaba que la sociedad no demandaba la creación de una nueva ley del aborto. En su programa electoral hacía muy poca referencia a dicho tema y se hablaba de pequeñas modificaciones de la actual ley con amplio consenso político y social. Nuestra nación se encuentra sumergida en una fuerte crisis económica. Los españoles no llegamos a fin de mes, las hipotecas ahogan a las economías familiares y si fuera poco la tasa de paro ha aumentado de forma que más de cuatro millones y medio de ciudadanos se encuentran en las colas del INEM. Esta crisis que tan poco preocupa a nuestro presidente es, sin duda alguna, el motivo de apertura de sus teorías abortistas y de la implantación de la cultura de muerte en nuestro gobierno. Es simplemente su estrategia, la de distraer a los ciudadanos para que miren a otro lado y crear división entre ellos mediante la crispación, que tanto gusta al Presidente del Talante. En nuestra ley fundamental, el artículo 15 proclama que “todos tienen derecho a la vida”, además la sentencia del Tribunal constitucional 53/198 establece que el nasciturus es “un bien jurídico constitucionalmente protegido”. Nos encontramos ante una cuestión fronteriza entre el derecho y la moral. Desde la creación del Código Penal español el aborto siempre ha sido castigado hasta la reforma de 1985 con la llamada ley del aborto, en la que se abría tres posibles excepciones para poder abortar sin cometer hecho punible. Nos referimos en primer lugar a las relativas a la madre: que preste su consentimiento al aborto; que del embarazo se derive un grave peligro para su vida o su salud física o psíquica, o que el embarazo sea el resultado de un delito de violación. Otras, relativas al hijo: que se presuma que habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas; y otras, relativas a la misma práctica del aborto: que cuando se realice en virtud de uno de los casos anteriores, se haga en un centro autorizado para ello; que se practique por un médico o bajo su dirección; que, en algunos casos, haya uno o más dictámenes médicos que aconsejen el aborto, y que éste se realice no más tarde de determinados plazos en los casos de violación o de presuntas malformaciones del hijo.
De todas formas, esta ley no significa que en nuestro país el aborto se encuentre despenalizado. Éste es un delito regulado en el Código penal concretamente en el Título VIII sobre los delitos contra las personas. La legislación actual considera que el niño merece protección legal desde el inicio de la vida, es decir, desde que se produce la fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo, surgiendo un nuevo ser humano. Es en ese momento cuando se inicia un proceso vital nuevo y diferente a los del espermatozoide y el óvulo, que es de donde proviene el ser humano y no, por tanto, de un cigoto, mórula, blastocisto, embrión o feto, que son simplemente fases del proceso vital donde el hombre ya tiene esperanza de vida en plenitud. Así pues, como afirman varios científicos no tiene sentido decir que un niño proviene de un cigoto o un feto, sino que él mismo fue antes un cigoto o feto, del mismo modo que un adulto no proviene de un joven sino que fue antes un joven. A este sistema, el de la actual legislación española, se le conoce como “sistema de indicaciones” frente al nuevo sistema que ha impuesto el gobierno de Zapatero, el llamado “sistema de plazos”, en el que se parte de la base de que el hijo concebido y no nacido no merece ninguna protección legal más que a partir de determinado tiempo de vida intrauterino. A mi parecer, con la entrada en vigor de la nueva ley, claro está, bajo el consentimiento del comité de expertos de ideología abortista para que parezca todo más ético y bajo la bandera del feminismo, estaríamos frente a un verdadero crimen consentido por cierta parte de la sociedad y de la clase política. Es indignante defender el aborto como un derecho de la mujer como así lo ha definido varias veces de forma indirecta la Ministra Aído y más concretamente, Leyre Pajín, en el Senado la pasada semana, pues es como defender la libertad del asesino para matar y olvidarse del derecho que tiene la víctima a vivir. Desde que se forma este nuevo patrimonio genético con la fecundación existe un ser humano que tiene que desarrollarse, que es verdad que depende directamente de la madre, pero también dependerá de ésta cuando nazca. El hecho de que en una determinada fase la vida del ser humano necesite el ambiente del vientre materno para subsistir no implica que sea una parte de la mujer. Desde la fecundación tiene ya su propio patrimonio genético distinto al de la mujer, y su propio sistema inmunológico. Por lo tanto podemos decir que mantiene una relación similar a la del astronauta con una nave espacial, si saliese de ella moriría, pero no por estar dentro forma parte de la nave. La dignidad de la persona humana se fundamenta en el derecho a la vida. No podemos dejar que se interrumpa la vida de las personas, merece protección, la vida es el mayor bien jurídico que tenemos. El gobierno únicamente se tiene que dedicar con respecto a este tema a la vela de la seguridad del niño aún no nacido, vigilar que las interrupciones de vida sean realmente por alguna de las tres excepciones de la actual legislación y ejecutar políticas de familia que ayuden a la mujer que se encuentra embarazada y no invitar de forma insensata y no razonable que ésta aborte.
Estamos ante una de las etapas más negras de la historia de nuestro país. El gran genocidio del siglo XXI. Por denunciarlo ante la opinión pública, nos llamaran ultracatólicos, ultraconservadores e incluso retrógradas pero no debemos dejar de defender los derechos del niño, que aunque aún no ha nacido su corazón late gritando por el derecho a la vida.

Juan José Márquez Garcia.